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La reconocida organización de derechos humanos Provea denunció este sábado, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la existencia de 121 mujeres actualmente detenidas por razones políticas en Venezuela, una situación que agrava la ya compleja crisis humanitaria que afecta particularmente al sector femenino en el país caribeño.
Mediante un comunicado publicado en la plataforma X (anteriormente Twitter), la organización no gubernamental expresó su preocupación: «En Venezuela, la crisis y la emergencia humanitaria golpean a las mujeres: salarios de hambre, precarización y miedo. Mientras tanto, 121 mujeres siguen injustamente presas por motivos políticos«, señaló el pronunciamiento que ha generado eco en diversas organizaciones defensoras de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.
La denuncia pública realizada por Provea coincide con la conmemoración del 8M, fecha emblemática para la lucha por los derechos de las mujeres a nivel mundial, y pone de relieve la intersección entre la represión política y la vulnerabilidad de género en contextos de crisis sociopolítica y económica.
Entre los casos más emblemáticos de estas detenciones, Provea destacó la situación de Rocío San Miguel, reconocida activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien permanece privada de libertad desde febrero del año pasado tras ser detenida por las autoridades venezolanas. San Miguel fue acusada por la Fiscalía de presuntamente estar vinculada a una «trama conspirativa» que, según el organismo oficial, buscaba «atentar» contra el régimen de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.
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«Rocío es inocente y víctima de un caso sin debido proceso. Fue acusada por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) sin derecho a designar a sus abogados de confianza», explicó Provea en su comunicado, poniendo en evidencia las irregularidades procedimentales que, según afirman, han caracterizado este y otros casos similares en el país.
La situación de San Miguel se agrava considerablemente debido a su delicado estado de salud. Según informó la organización, la activista sufre una fractura en el hombro derecho desde «hace más de seis meses», condición que requiere intervención quirúrgica urgente. Provea insiste en que dicha operación debe realizarse en libertad y por médicos elegidos por la propia San Miguel, garantizando así su derecho a la salud y a un tratamiento médico adecuado.
«Rocío no puede ser sometida a cirugía en un centro con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física. No puede recibir una intervención por quienes tardaron cuatro meses en diagnosticarla. En reclusión, no hay condiciones para el postoperatorio ni para una rehabilitación digna«, añadió la organización, subrayando los riesgos que implica para la salud e integridad de la activista permanecer en las actuales condiciones de detención.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones, las condiciones carcelarias en Venezuela presentan graves deficiencias estructurales, incluyendo instalaciones inadecuadas, hacinamiento y servicios médicos insuficientes, situación que afecta particularmente a las mujeres privadas de libertad, quienes enfrentan vulnerabilidades específicas relacionadas con su género.
El caso de San Miguel ha capturado la atención internacional debido a las circunstancias de su detención. La activista fue aprehendida el 9 de febrero del año pasado en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija. Esta detención, realizada en un espacio público y en presencia de un familiar directo, ha sido criticada por organismos internacionales como una medida intimidatoria.
Recientemente, el equipo legal que representa a San Miguel denunció un nuevo obstáculo en el proceso judicial. Según informaron el pasado 11 de febrero, el inicio del juicio oral y público contra la activista fue postergado hasta el 31 de marzo debido a la falta de traslado de la acusada al juzgado correspondiente, lo que representa otra dilación procesal que prolonga su situación de prisión preventiva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por los patrones de detenciones arbitrarias en Venezuela, particularmente aquellas motivadas por razones políticas. En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el hemisferio, el organismo ha identificado la criminalización de la disidencia como una práctica sistemática que afecta especialmente a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.
El comunicado de Provea se produce en un contexto de creciente tensión política en Venezuela, donde diversos sectores de la sociedad civil han denunciado un progresivo endurecimiento de las políticas gubernamentales hacia la oposición y las voces críticas. Organismos internacionales de derechos humanos han documentado un aumento en las detenciones por motivos políticos en los últimos años, tendencia que se ha intensificado en períodos electorales o de alta conflictividad social.
Expertos en derechos humanos señalan que la situación de las mujeres detenidas por razones políticas merece especial atención, ya que experimentan formas específicas de vulneración derivadas de la intersección entre su condición de género y su estatus como prisioneras políticas. Entre estas vulneraciones se encuentran la separación de sus hijos, la exposición a violencia de género en centros de reclusión y el acceso limitado a productos de higiene menstrual y atención ginecológica.
Las detenciones por motivos políticos han sido ampliamente criticadas por contravenir estándares internacionales de derechos humanos, incluidos aquellos establecidos en tratados ratificados por Venezuela como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a la libertad de expresión, asociación y participación política.
Organizaciones feministas venezolanas se han sumado a la denuncia de Provea, señalando que la represión política contra las mujeres representa una forma de violencia específica que busca acallar voces disidentes y enviar un mensaje intimidatorio a otras mujeres que deseen participar en espacios de activismo o defensa de derechos. Estas organizaciones exigen la liberación inmediata de todas las mujeres detenidas por motivos políticos y el respeto a sus garantías judiciales.
