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Un tribunal venezolano dictó una sentencia histórica contra el pastor evangélico José Ysrrael Díaz Canache, quien fue condenado a 16 años y ocho meses de reclusión tras ser hallado culpable de múltiples delitos de abuso sexual contra cinco menores de edad en la comunidad de Boca de Sabana, estado Sucre.
La resolución judicial fue emitida este miércoles por el Tribunal Quinto en funciones de juicio, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad en los graves hechos que conmocionaron a la pequeña localidad oriental. Este caso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los menores incluso en entornos que deberían ser seguros, como los espacios religiosos.
De acuerdo con el expediente presentado por la Fiscalía 5ta del Ministerio Público, el religioso perpetró abusos sexuales contra cuatro niños y una niña cuyas edades oscilaban entre los 8 y 12 años. Las investigaciones determinaron que estos crímenes ocurrieron durante mayo de 2024, precisamente en el contexto de las ceremonias religiosas que el pastor oficiaba en su residencia particular.
Los detalles revelados durante el proceso judicial expusieron el patrón sistemático de manipulación que Díaz Canache empleaba para acceder a sus víctimas. Según consta en las declaraciones recabadas, el religioso utilizaba dos métodos principales: el ofrecimiento de dinero como incentivo para las víctimas o, en casos más graves, la imposición de la fuerza física para consumar los abusos.
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Los fiscales encargados del caso detallaron que entre los delitos tipificados figuran tanto el abuso sexual sin penetración como con penetración, lo que agravó considerablemente la pena impuesta. El tribunal consideró como circunstancias agravantes la posición de liderazgo espiritual que ostentaba el acusado y la confianza depositada en él por las familias de la comunidad.
La investigación se inició tras la denuncia valiente de uno de los menores afectados, quien, superando el miedo y la vergüenza, decidió confiar en sus padres lo que estaba sucediendo durante las reuniones religiosas. Esta primera declaración abrió la puerta para que posteriormente otras víctimas se atrevieran a revelar sus propias experiencias traumáticas.
Según el Centro Nacional para la Protección de la Infancia, organización internacional dedicada a combatir el abuso infantil, los entornos religiosos pueden convertirse en espacios especialmente vulnerables para los menores cuando existen figuras de autoridad que abusan de su posición de poder. Las estadísticas indican que aproximadamente el 7% de los casos reportados de abuso sexual infantil ocurren en contextos religiosos o comunitarios.
El fiscal del caso manifestó su satisfacción por la sentencia, calificándola como «proporcional a la gravedad de los hechos» y destacando que envía un mensaje contundente: ninguna posición de autoridad moral o religiosa está por encima de la ley cuando se trata de proteger a los niños y adolescentes.
Los especialistas en psicología infantil han señalado que el impacto del abuso sexual en menores se magnifica cuando el perpetrador es una figura de autoridad o respeto, como un líder religioso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las secuelas psicológicas pueden ser devastadoras y prolongarse hasta la edad adulta si no reciben tratamiento adecuado.
Las víctimas en este caso han sido incorporadas a un programa especializado de atención psicológica desarrollado por el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, con el objetivo de proporcionar herramientas terapéuticas que les permitan procesar el trauma y continuar con su desarrollo emocional de manera saludable.
La comunidad de Boca de Sabana, una localidad mayoritariamente dedicada a la pesca y agricultura de subsistencia, ha quedado profundamente impactada por estos acontecimientos. Muchas familias que asistían regularmente a los servicios religiosos de Díaz Canache han expresado su conmoción y sensación de traición, al ver cómo alguien que predicaba valores morales y espirituales utilizaba su influencia para cometer actos tan reprochables.
Las autoridades locales han hecho un llamado a la calma y han organizado charlas informativas dirigidas a padres y representantes para reforzar las estrategias de prevención del abuso sexual infantil. Estos encuentros buscan proporcionar herramientas para identificar posibles señales de alerta y establecer canales de comunicación efectivos entre padres e hijos.
En Venezuela, los delitos de abuso sexual contra menores están tipificados en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA), que establece severas penas para los infractores. Adicionalmente, el Código Penal contempla agravantes específicas cuando estos delitos son cometidos por personas que ejercen autoridad sobre las víctimas.
Tras la sentencia, Díaz Canache permanecerá inicialmente recluido en la sede de la Policía del estado Sucre, mientras las autoridades penitenciarias coordinan su traslado definitivo a un centro de reclusión de mayor seguridad, donde deberá cumplir la totalidad de su condena.
La iglesia evangélica a la que pertenecía el pastor ha emitido un comunicado deslindándose completamente de las acciones del condenado y reafirmando su compromiso con la protección de los menores. La organización religiosa ha prometido revisar sus protocolos de selección y supervisión de líderes espirituales para prevenir que situaciones similares puedan repetirse.
Especialistas en derecho penal consultados han indicado que la admisión de los hechos por parte del acusado fue determinante para la celeridad del proceso judicial, evitando así que las víctimas tuvieran que enfrentar un juicio prolongado que podría haber revictimizado a los menores afectados.
Las estadísticas oficiales indican un preocupante aumento en las denuncias por abuso sexual infantil en Venezuela durante los últimos años. Diversos factores socioeconómicos, la falta de programas preventivos efectivos y el temor a denunciar han contribuido a esta tendencia, según expertos en protección infantil.
Este caso ha servido como catalizador para que autoridades educativas y organizaciones defensoras de derechos de la infancia intensifiquen sus esfuerzos en la implementación de programas de prevención del abuso sexual, enfocados especialmente en empoderar a los niños para reconocer situaciones de riesgo y buscar ayuda.
