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En una nueva acción represiva del régimen de Nicolás Maduro, fue detenido el influencer venezolano Enyer Cavidia en el estado Miranda, luego de hacerse viral un video en el que expresaba duras críticas hacia el sistema de reparto de alimentos manejado por las denominadas “jefas de calle”.
Cavidia, con fuerte presencia en redes sociales, acusaba a estas mujeres —militantes del aparato político del régimen— de apropiarse irregularmente de productos básicos destinados a las comunidades más vulnerables. En su controversial video, el joven sostuvo que estos abusos representan una burla al pueblo y sugirió que “el pueblo debe hacerse respetar”.
Aunque sus declaraciones fueron incendiarias, distintos sectores han denunciado que la respuesta del régimen ha sido desproporcionada, utilizándola como excusa para continuar criminalizando la protesta y la crítica ciudadana.
“Son ellas las que roban la comida. El pueblo tiene que actuar”, dijo Cavidia en el material audiovisual que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok y X (antes Twitter).
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Acusación de “incitación al odio” y castigo ejemplar
El Ministerio Público, encabezado por el cuestionado fiscal Tarek William Saab, informó que Cavidia será imputado por “mensajes de odio” y por generar zozobra en la población. Fiscales especializados en delitos informáticos y en “defensa de los derechos humanos” fueron asignados al caso, pese a que se trata de una expresión de opinión y protesta social, no de una amenaza concreta.
Esta acción demuestra una vez más cómo el régimen aplica con severidad la Ley contra el Odio, una norma usada con frecuencia para silenciar disidencias, mientras ignora delitos reales cometidos por funcionarios cercanos al poder.
El arresto de Cavidia responde a una línea clara de censura política. La detención fue rápida y mediática, con difusión en canales oficiales, en contraste con la impunidad que gozan muchos actores del chavismo implicados en corrupción o represión.
Control del hambre como herramienta de poder
Las “jefas de calle” forman parte de la estructura de control social diseñada por el régimen chavista para manejar los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Estas mujeres, designadas políticamente en los barrios, son las encargadas de entregar cajas de alimentos subsidiados a familias registradas. Sin embargo, múltiples denuncias apuntan a que este sistema favorece a militantes del PSUV, excluye a opositores y funciona como herramienta de chantaje electoral.
Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que los CLAP han sido utilizados como un instrumento de discriminación política y de represión social, premiando con alimentos a quienes se someten al control ideológico del régimen y castigando con hambre a quienes se oponen.
Según informes de Provea y Transparencia Venezuela, los casos de corrupción, desviación de recursos y abuso de poder por parte de las “jefas de calle” son numerosos, pero rara vez investigados por el régimen.
El poder de las redes sociales y la censura en Venezuela
El caso de Enyer Cavidia pone nuevamente sobre la mesa la persecución a voces disidentes en plataformas digitales. En un país donde los medios tradicionales están controlados o clausurados, las redes sociales se han convertido en el último bastión de libre expresión. Por ello, el régimen ha endurecido su vigilancia sobre lo que se publica en estas plataformas, utilizando leyes ambiguas y procedimientos judiciales politizados para atemorizar a quienes se atreven a alzar la voz.
A través de la Ley contra el Odio —aprobada en 2017 por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente—, el chavismo ha judicializado decenas de publicaciones en redes, con penas que pueden superar los 20 años de prisión por simples comentarios considerados “ofensivos” por el régimen.
“Lo que buscan es apagar cualquier grito de frustración de un pueblo hambriento y controlado por una red corrupta”, denunció en redes la ONG Espacio Público.
Indignación y apoyo en redes a Cavidia
Lejos de amedrentarse, decenas de usuarios y activistas digitales han salido en defensa del influencer, reclamando su inmediata liberación y denunciando la doble moral del régimen, que criminaliza a quienes protestan por el hambre pero protege a quienes administran los alimentos con total opacidad.
Muchos lo consideran un preso de conciencia, detenido no por promover violencia sino por visibilizar lo que millones de venezolanos viven a diario: la humillación de rogar por una caja CLAP mientras quienes las reparten gozan de impunidad y poder local.
Con información de: Tiempo.com.mx
