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El crimen organizado vuelve a sembrar terror en Aragua. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha desplegado un operativo intensivo para dar con los responsables del doble homicidio ocurrido en la urbanización Jardines de Turagua, ubicada en el municipio José Ángel Lamas, estado Aragua.
El hecho sangriento tuvo lugar en horas de la madrugada del domingo 4 de mayo. Las víctimas fueron identificadas como Jimmy Ediccson Mendoza Pérez, de 54 años, comisario jefe de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y su socio comercial Alexander Ramón Velásquez Pérez, de 50 años.
Ambos fueron emboscados en la manzana F de dicha urbanización, en lo que presuntamente fue un ataque meticulosamente planificado. Las autoridades manejan como hipótesis principal una venganza por parte de bandas criminales, en un contexto donde el sicariato y las guerras entre mafias han ido en aumento en la región.
Venganza y crimen organizado bajo sospecha
Según versiones extraoficiales, los atacantes habrían actuado con total conocimiento de los movimientos de sus víctimas, aprovechando la madrugada para ejecutarlos sin dejar rastro inmediato. Se sospecha de la participación de al menos dos o tres individuos que conocían la rutina y el entorno del comisario y su socio.
Fuentes ligadas a la investigación afirman que los criminales actuaron con precisión, lo que alimenta la tesis de que se trata de una operación por encargo. Este tipo de prácticas son propias de las redes delictivas que han infiltrado diversas zonas del país con la permisividad del régimen chavista.
Investigación en marcha por parte del Cicpc
La División de Homicidios del Cicpc en Cagua ha iniciado una serie de diligencias exhaustivas. Entre ellas destacan:
- Recolección de testimonios de allegados y vecinos.
- Inspección detallada de la escena del crimen.
- Análisis de cámaras de seguridad en los alrededores.
- Elaboración de retratos hablados y fichas fotográficas de los posibles involucrados.
La estructura criminal detrás de este doble asesinato podría tener vínculos con bandas delictivas que operan con impunidad en diversos municipios del estado Aragua.
También comisiones de la Policía Nacional Bolivariana han iniciado una investigación paralela. Sin embargo, la coordinación con el Cicpc será clave para esclarecer lo ocurrido, ya que la víctima era un alto funcionario policial, lo que agrega complejidad al caso.
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Entorno comercial bajo la lupa
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores es el vínculo comercial entre Mendoza Pérez y Velásquez Pérez. Ambos mantenían un negocio en el municipio José Ángel Lamas, lo que podría haber generado conflictos o rivalidades con grupos delictivos de la zona.
No se descarta que el crimen tenga motivaciones económicas, especialmente si se trataba de un negocio que interfería con intereses de mafias locales. Esta línea de investigación está siendo fortalecida con testimonios y análisis de registros financieros.
Este nuevo hecho de violencia pone en evidencia cómo el régimen ha perdido el control del territorio frente al avance del crimen organizado, que ahora apunta incluso a miembros de los cuerpos de seguridad cuando representan un obstáculo.
Aragua: foco de criminalidad creciente
El estado Aragua se ha convertido en uno de los epicentros delictivos del país, con cifras alarmantes de homicidios y casos sin resolver. Diversos reportes como los del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) destacan que muchas zonas están bajo dominio de bandas que actúan con impunidad gracias a la inacción o complicidad del régimen chavista.
Llamado urgente a la justicia
La opinión pública exige resultados inmediatos ante un caso que ha estremecido a la comunidad. El asesinato de un comisario jefe de la PNB pone en evidencia el riesgo que enfrentan incluso los funcionarios de alto rango en un país dominado por redes criminales.
El Cicpc ha prometido avances en las próximas horas y, según fuentes internas, podrían producirse las primeras detenciones en cuestión de días. Sin embargo, la ciudadanía mantiene la desconfianza en las instituciones, ante un sistema judicial que ha sido manipulado políticamente y ha perdido credibilidad.
Con información de:
El Siglo, Observatorio Venezolano de Violencia, Insight Crime.


