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La alarma se enciende una vez más en Venezuela ante nuevas denuncias de desapariciones forzadas. Esta vez, los hechos ocurrieron en el estado Táchira, donde dos reconocidos activistas de derechos humanos han sido presuntamente detenidos por cuerpos de seguridad del régimen, sin órdenes judiciales ni información oficial confirmada hasta el momento.
La organización Médicos Unidos por Venezuela alertó la noche del miércoles 7 de mayo sobre la desaparición del doctor Omar Vergel, quien funge como director ejecutivo de la ONG en la región andina.
“Exigimos a los organismos del Estado esclarecer de inmediato las razones de su detención y garantizar su integridad física y psicológica”, expresó la ONG mediante un comunicado difundido a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).
Denuncias de secuestro en plena vía pública
Según reportes de la organización Caleidoscopio Humano, el doctor Vergel fue interceptado por sujetos encapuchados y sin identificación frente a su residencia, en un operativo que, de acuerdo con testigos, se ejecutó de forma violenta y sin orden legal visible.
El hecho ocurrió, según datos difundidos por el medio Punto de Corte, el pasado martes 6 de mayo a las 4:35 de la tarde. Nicmer Evans, director de dicho portal, confirmó que el galeno fue introducido a la fuerza en un vehículo y no se ha tenido contacto con él desde entonces.
Pero no se trata de un caso aislado. Horas antes, ese mismo día, también se denunció la desaparición de la abogada Merlina Carrero, quien se desempeñaba como coordinadora de la plataforma Creemos Alianza Ciudadana en el estado Táchira.
Represión sistemática contra la sociedad civil
La información preliminar apunta a que Carrero fue capturada en las instalaciones del Colegio María Montessori, donde presuntamente ejercía funciones educativas y sociales. Caleidoscopio Humano calificó ambos hechos como “secuestros forzados”, enmarcados dentro de un patrón de represión estatal hacia activistas y líderes comunitarios.
Según el periodista y activista Nicmer Evans, estos casos se suman a una ola de persecución en varias regiones del país:
“Nos informan extraoficialmente que ya son varios los coordinadores de Creemos Alianza detenidos o perseguidos en diferentes estados”, afirmó en un post en X.
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Organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos exigen que se respeten las garantías constitucionales, particularmente el artículo 49 de la Carta Magna, que protege el debido proceso y prohíbe detenciones arbitrarias.
Silencio oficial y preocupación internacional
Hasta el momento, ningún vocero del régimen ha emitido declaraciones sobre el paradero de los activistas desaparecidos. Este mutismo ha generado gran preocupación dentro y fuera del país, donde organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han reiterado su alarma por el uso de tácticas represivas contra defensores de derechos humanos.
El patrón de persecución se extiende
Distintos analistas aseguran que estas acciones reflejan un método sistemático de silenciamiento, especialmente en un año marcado por expectativas electorales y creciente descontento social. La criminalización de la disidencia y el hostigamiento a ONG han sido una constante bajo el régimen de Nicolás Maduro.
“Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación a los tratados internacionales que protegen la libertad de asociación y la defensa de derechos fundamentales”, declaró un vocero del Foro Penal Venezolano.
Además, familiares de las víctimas reportan que no han recibido información oficial ni han podido localizar a los detenidos en ningún comando policial o centro de detención del estado Táchira.
Llamado urgente a la comunidad internacional
Distintas plataformas ciudadanas, gremios profesionales y activistas dentro y fuera del país han comenzado una campaña en redes sociales con las etiquetas #DóndeEstáOmarVergel y #LiberenAMerlinaCarrero, con el objetivo de ejercer presión nacional e internacional para su pronta liberación.
Las organizaciones hacen un llamado urgente a los organismos multilaterales como la ONU, la OEA y la CIDH, para que intervengan en la verificación de estos hechos y exijan al régimen transparencia y respeto a los derechos humanos.
Con información de:
La Verdad
