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Graves denuncias sacuden al CICPC de Valera, donde familiares de los detenidos aseguran que los presos no reciben asistencia médica adecuada, lo que ha provocado dos muertes en lo que va del año 2025. La situación ha generado alarma, con testimonios que apuntan a hacinamiento y condiciones infrahumanas en los calabozos de la Delegación Municipal.
Los familiares acusan a la comisario jefe Liliana Núñez, quien presuntamente impide la atención médica de los internos, pese a que varios presentan enfermedades graves que ponen en riesgo sus vidas.
Dos fallecidos por negligencia médica
El caso más reciente es el de Keudis Pablo Hernández, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Pedro Emilio Carrillo, falleciendo a causa de un paro respiratorio por neumonía bilateral derivada de tuberculosis. Su muerte se suma a la de Gregory Colmenares, quien perdió la vida en enero por complicaciones respiratorias combinadas con otras patologías.
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Llamado urgente a las autoridades
Los familiares de los reclusos hacen un llamado urgente a Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), exigiendo que intervenga para garantizar los derechos humanos de los privados de libertad.
La Defensoría del Pueblo y organizaciones como Provea han advertido sobre la crisis carcelaria en Venezuela, señalando que la falta de atención médica es una violación sistemática de los derechos fundamentales. Puedes leer más sobre la situación penitenciaria en este informe de Provea o consultar el portal de la Defensoría del Pueblo.
Hacinamiento y condiciones precarias
Según los denunciantes, los calabozos del CICPC Valera están colapsados, con internos durmiendo en el piso y sin ventilación adecuada. Estas condiciones propician la propagación de enfermedades respiratorias e infecciosas, que se agravan ante la falta de controles médicos regulares.
Organismos de derechos humanos insisten en que esta situación podría derivar en más muertes si las autoridades no toman medidas inmediatas para descongestionar los centros de detención y garantizar el acceso a la salud.
¿Qué dicen las autoridades?
Hasta ahora, la dirección del CICPC no ha emitido un comunicado oficial sobre las denuncias, pero se espera que la presión mediática y social motive una investigación interna que esclarezca las responsabilidades y, sobre todo, impulse acciones concretas para proteger la vida de los detenidos.
Con información de fuentes locales y organizaciones de derechos humanos.
