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Una nueva denuncia sacude al régimen de Nicolás Maduro: decenas de ciudadanos extranjeros, muchos con doble nacionalidad, estarían detenidos en Venezuela sin contacto alguno con sus familiares ni representación legal, en condiciones que se asemejan a desapariciones forzadas. Así lo advirtió el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, en una reciente entrevista con el medio alemán DW.
Entre julio de 2024 y enero de 2025, al menos 71 extranjeros han sido arrestados por motivos presuntamente políticos. De ellos, 32 son ciudadanos europeos, algunos con doble nacionalidad venezolana. La mayoría permanece en paradero desconocido, sin acceso a abogados ni visitas familiares, lo que representa una violación flagrante del derecho internacional humanitario y de los tratados de derechos humanos suscritos por Venezuela.
“¿Quién les lleva comida, agua o medicamentos a estas personas si sus familias están en el extranjero? ¿Están vivos? ¿Están enfermos? Nadie lo sabe”, expresó con preocupación Romero.
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Ocultos, sin juicio y sin derechos: el patrón del régimen chavista
En el informe publicado por Foro Penal en marzo de 2025, se detalla que los detenidos provienen de países como Alemania, Francia, Italia, Holanda, Hungría, Portugal y Ucrania, y muchos de ellos ingresaron a Venezuela por tierra, presuntamente con fines turísticos o personales.
Lo más alarmante es que ni el Ministerio Público ni los tribunales venezolanos reconocen la existencia formal de estas detenciones, y cuando los familiares o consulados preguntan, la respuesta es el silencio absoluto. Este modus operandi refuerza la hipótesis de que estos extranjeros no están bajo custodia formal, sino retenidos como parte de una estrategia de chantaje político del régimen chavista.
“Se trata de rehenes geopolíticos, piezas de negociación para futuras concesiones o intercambios políticos”, afirmó Romero, haciendo énfasis en que este tipo de detenciones carecen de fundamento legal.
El silencio de los países de origen y la pasividad diplomática
A pesar de la gravedad del asunto, la mayoría de los gobiernos extranjeros no se ha pronunciado públicamente sobre la suerte de sus ciudadanos. Sólo España ha emitido declaraciones oficiales en defensa de sus nacionales. El resto opta por el hermetismo, alegando discreción diplomática, lo cual deja en la indefensión total a los detenidos.
La Unión Europea (UE), aunque sin competencia consular directa, ha pedido al régimen venezolano el cese inmediato de todas las detenciones arbitrarias, incluyendo aquellas que afectan a ciudadanos con doble nacionalidad. Así lo afirmó una vocera desde Bruselas en enero de este año.
“La delegación de la UE en Caracas apoya activamente los esfuerzos consulares de los Estados miembro”, aseguraron.
¿Mercenarios o excusa política del régimen?
La narrativa oficial, sin pruebas ni procesos judiciales abiertos, apunta a que estos extranjeros serían “mercenarios” o “agentes de desestabilización” que habrían ingresado al país con fines conspirativos. Sin embargo, no existen evidencias concretas ni acusaciones formales que sustenten esa versión.
Para Foro Penal, se trata de detenciones selectivas basadas en la apariencia, el acento extranjero y la presencia en zonas fronterizas o sensibles. La mayoría de los casos analizados no cuenta con expediente judicial alguno, lo que refuerza la tesis de que se trata de presos políticos utilizados como herramientas de presión internacional.
La ONU y la CIDH levantan la voz
Ante la magnitud del problema, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas se pronunció en febrero, exhortando al régimen venezolano a respetar los derechos de las personas privadas de libertad. Además, advirtió sobre un patrón sistemático de desaparición forzada ejecutado por distintos cuerpos de seguridad del Estado.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en 2024 la mayor cantidad de medidas cautelares de los últimos años, muchas de ellas relacionadas con casos de ciudadanos extranjeros desaparecidos en territorio venezolano.
A pesar de estas advertencias, la respuesta del régimen ha sido la misma de siempre: silencio, desinformación y opacidad institucional.
Régimen sin control y con carta blanca para violar DD.HH.
Esta situación evidencia, una vez más, la total impunidad con la que opera el régimen chavista, que ha transformado al país en un Estado policial al margen del derecho internacional. No solo se violan los derechos de los venezolanos, sino también los de ciudadanos extranjeros, con el agravante de que estas detenciones parecen responder a una lógica de trueque político.
En palabras de Alfredo Romero, “Venezuela no actúa por error, sino por cálculo político. Estas personas están siendo utilizadas para obtener beneficios. Son moneda de cambio”.
Con información de: DW.com
