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Periodista detenida por denunciar robos: CNP exige respuestas
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, emitió una contundente denuncia este jueves 10, señalando la desaparición forzada de la periodista Nakary Ramos, reportera del medio digital Impacto Venezuela, quien habría sido privada de libertad por funcionarios del régimen venezolano tras la publicación de un reportaje sobre presuntos casos de saqueos en la capital.
Según declaraciones del CNP en redes sociales, se desconoce el paradero de Ramos desde la tarde del martes. El medio para el que trabaja no ha podido establecer contacto con ella, lo que ha encendido las alarmas sobre su integridad física y la sistemática represión contra la libertad de prensa en Venezuela.
El gremio denuncia que la periodista podría haber sido víctima de una detención arbitraria, una práctica que se ha vuelto común bajo el régimen autoritario. En lo que va del año, 12 trabajadores de medios permanecen tras las rejas por ejercer su labor informativa.
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Entre los casos más alarmantes se encuentran las detenciones del activista y director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, y del comunicador Julio César Balza, miembro del equipo de prensa de la dirigente opositora María Corina Machado. Ambos fueron interceptados por agentes sin identificación oficial en las calles de Caracas.
También figura el caso del reportero gráfico Rory Branker, colaborador del portal La Patilla, quien fue apresado sin orden judicial. El patrón se repite: arrestos sin justificación legal, amenazas veladas y procesos judiciales sin garantías.
En su primer informe trimestral de 2025, el CNP registró 54 actos de agresión y hostigamiento contra periodistas entre enero y marzo. Estos ataques incluyen desde detenciones arbitrarias hasta cierres forzados de emisoras, pasando por restricciones a la cobertura de eventos públicos.
Censura sistemática disfrazada de justicia
La represión no se limita a los casos mencionados. Los periodistas Leandro Palmar y Salvador Cubillán enfrentan cargos de terrorismo y asociación para delinquir, únicamente por cubrir una manifestación en Maracaibo. Esta estrategia de criminalizar la cobertura de protestas busca enviar un mensaje intimidatorio a toda la prensa.
Otros comunicadores, como Edison Castro y Román Camacho, también han sido detenidos brevemente, bajo acusaciones infundadas, por simplemente reportar hechos de violencia o corrupción.
Para muchos analistas, estos incidentes forman parte de una política de Estado enfocada en silenciar las voces críticas, especialmente en un contexto preelectoral donde el control narrativo es una prioridad para el régimen.
La desaparición de Nakary Ramos se suma a un largo historial de censura institucionalizada, donde el miedo reemplaza al periodismo libre y la verdad se castiga con rejas.
Con información de Tal Cual
