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l Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, ha denunciado una nueva arremetida contra la libertad de expresión en Venezuela. Esta vez, un tribunal del estado Táchira ha emitido una orden de captura contra el periodista Gustavo Azócar, lo que ha generado alarma en gremios y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La información fue confirmada por el propio Azócar a través de sus redes sociales, donde publicó el documento judicial firmado por el juez noveno de control Marco Alexander Moreno. La medida fue dictada luego de que el periodista denunciara presuntos vínculos entre un ganadero venezolano y el narcotraficante colombiano José Hernández Aponte, asesinado en 2019.
Una denuncia que desencadena represalias
En su publicación, Azócar expuso fotografías del ganadero junto a Hernández Aponte, asegurando que estas eran de dominio público. Poco después, un familiar del ganadero solicitó un derecho a réplica, al cual el periodista accedió. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando recibió una notificación judicial y posteriormente se emitió la orden de captura en su contra.
En el documento judicial se instruye al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para proceder con el arresto del periodista. Las acusaciones en su contra incluyen extorsión agravada, promoción o incitación al odio, revelación indebida agravada de información personal y asociación agravada. En el expediente también se menciona al ciudadano Gustavo Lainette.
Rechazo a la persecución de periodistas
Diversos sectores han manifestado su preocupación por esta nueva ofensiva del régimen contra la prensa independiente. La criminalización del periodismo y la censura en Venezuela han sido denunciadas en múltiples ocasiones por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Reporteros Sin Fronteras.
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Este nuevo episodio refuerza la preocupación sobre la situación de los periodistas en Venezuela, donde la información crítica y las denuncias de corrupción suelen ser respondidas con represalias judiciales. Organismos internacionales han pedido respeto por la libertad de expresión y el cese de la intimidación a los profesionales de la comunicación.
Con información de: Tal Cual
