Condenada por un estado: El insólito caso de Merlys Oropeza y su sentencia de 10 años
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Venezolana recibe 10 años de prisión por opinar en WhatsApp tras el fraude electoral
En un nuevo caso que evidencia el endurecimiento represivo del régimen de Nicolás Maduro, la joven Merlys Oropeza fue sentenciada a diez años de cárcel por haber publicado un estado en WhatsApp criticando a una jefa de Consejo Comunal en su comunidad. La condena, que ha sido ampliamente rechazada en redes sociales y por organizaciones de derechos humanos, pone en evidencia el uso de leyes represivas para castigar la disidencia en Venezuela.
La joven fue detenida el pasado 9 de agosto de 2024, apenas once días después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. En ese proceso, el candidato opositor Edmundo González Urrutia habría ganado, según conteos independientes, pero el régimen proclamó a Maduro como vencedor por un supuesto “ajustado margen”, lo que desató una ola de protestas espontáneas en todo el país.
Durante las semanas posteriores, se llevó a cabo una feroz arremetida contra los ciudadanos que denunciaron el fraude o participaron en manifestaciones. Este plan de persecución masiva, que muchos bautizaron como una nueva «Operación Tun-Tun», dejó al menos 2.000 personas detenidas en todo el territorio nacional.
El caso de Merlys Oropeza fue particularmente impactante porque no hizo su crítica en una red pública como X (antes Twitter) o TikTok, sino en un estado de WhatsApp dirigido a sus contactos. En el mensaje, compartido el 29 de julio, Merlys escribió:
“Estas son las palabras de la jefe del CLAP de La Carolinas, calle 4. Qué triste ver a personas que prefieren una bolsa de gorgojos al futuro de sus hijos”.
La frase fue considerada por las autoridades como una violación a la Ley contra el Odio, una legislación ambigua utilizada recurrentemente por el régimen para encarcelar a quienes se pronuncian en contra de su narrativa. Según denuncias de ONG, esta ley ha servido para criminalizar la libertad de expresión.
El periodista Norbei Marín confirmó el pasado 18 de junio de 2025 que un tribunal dictó sentencia condenatoria de una década de prisión para Merlys, en un juicio lleno de irregularidades, sin garantías legales ni derecho a la defensa adecuada.
¿Delito de opinión o castigo ejemplarizante?
Organismos de derechos humanos consideran esta decisión como una represalia ejemplarizante del régimen chavista para atemorizar a la población en medio del creciente descontento social y político. Desde el fraude electoral del año pasado, miles de venezolanos han sido acusados sin pruebas contundentes, señalados simplemente por manifestar su inconformidad a través de redes sociales o grupos privados.
En este contexto, los Consejos Comunales y jefaturas del CLAP se han transformado en herramientas de delación política, colaborando con cuerpos de represión para identificar vecinos que se alinean con la oposición. Tal como ocurrió con Merlys, fue una vecina chavista quien capturó la imagen del estado y la denunció, lo que derivó en su posterior detención.
Carta desgarradora desde prisión
Tras su condena, Merlys envió una carta a sus padres donde expresa el profundo impacto psicológico que ha sufrido. En la misiva, afirma que ya no tiene fuerza para continuar y les pide perdón por el dolor que están viviendo. Sus palabras reflejan el drama de muchas jóvenes que son víctimas de un sistema que castiga la libertad de conciencia:
“Ya no me quedan fuerzas… El encierro me ha destruido emocionalmente. Perdón por arrastrarlos a esta pesadilla.”
La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Cientos de usuarios calificaron como excesiva y desproporcionada la condena. Entre ellos, el activista Luigino Bracci escribió:
“Entiendo que Merlys emitió un comentario polémico contra una jefa del CLAP, pero 10 años de cárcel es un castigo brutal. ¿Dónde está la proporcionalidad?”
Venezuela: una dictadura digital
Este caso refleja cómo la dictadura chavista ha trasladado su aparato represivo al ámbito digital, donde ninguna opinión crítica está libre de represalias, aunque se trate de mensajes privados. La ciudadanía se enfrenta así a una vigilancia permanente, donde la delación vecinal y las leyes arbitrarias se combinan para aplastar cualquier forma de disenso.
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