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El caso de Crisbelis Sarmiento, la joven asesinada brutalmente en 2022 en el estado Anzoátegui, vuelve a estremecer a la opinión pública venezolana. Esta vez, por una preocupante denuncia sobre posibles irregularidades en el tratamiento penitenciario del autor confeso del crimen, Jesús Alejandro Alcalá Romero, quien cumple una condena de 30 años en la cárcel de Puente Ayala.
A más de dos años del asesinato, el abogado de la familia, José Santoyo, alertó sobre una potencial fuga del femicida, debido a maniobras irregulares dentro del penal. En declaraciones ofrecidas al medio El Cooperante, denunció que el director del centro penitenciario ha desacatado una orden judicial que exige el traslado del recluso a una evaluación médico-forense.
“Con orden del tribunal, pedí que se le realizara una evaluación físico-mental. La negativa del director del penal a acatar esta instrucción genera serias sospechas”, afirmó Santoyo, subrayando que anteriormente se había autorizado en repetidas ocasiones su traslado al Hospital Razetti por supuestos quebrantos de salud, lo cual enciende las alarmas sobre una posible fuga planificada.
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El horror que marcó a una familia venezolana
Crisbelis Sarmiento, una joven de 22 años recién graduada como TSU en Administración de Empresas, fue vista por última vez en abril de 2022 tras salir a una cita con un hombre que había conocido por redes sociales. Nueve días después, su cuerpo apareció con múltiples heridas por arma blanca y señales de agresión sexual, enterrado en el patio de la abuela del agresor.
Jesús Alejandro Alcalá Romero confesó el crimen durante la audiencia preliminar, admitiendo que cometió el asesinato bajo los efectos del alcohol y las drogas. Fue sentenciado a la pena máxima vigente en Venezuela: 30 años de prisión.
Sin embargo, la angustia de la familia no ha terminado. La madre de la víctima, Yasmin Sarmiento, sufre secuelas psicológicas severas por el temor a que el asesino de su hija no cumpla la condena completa. De acuerdo con el abogado, “vive atormentada. Le dicen que lo llevaron al hospital, que se fugó, que salió…”.
Irregularidades en el sistema penitenciario
El abogado Santoyo ha solicitado formalmente al tribunal que el recluso sea trasladado al Palacio de Justicia de Barcelona, con el fin de ratificar la condena y exigir claridad sobre su estado real de salud.
“Es indispensable que el director del penal informe a las autoridades sobre las condiciones médicas del interno y explique las razones por las cuales no ha sido evaluado por un forense, tal como exige el procedimiento judicial”, señaló.
Estas irregularidades exponen nuevamente la vulnerabilidad del sistema penitenciario bajo el régimen venezolano, donde múltiples casos de fugas, corrupción y complicidad interna han sido denunciados por organizaciones civiles.
Justicia ausente, impunidad latente
La situación de la familia Sarmiento refleja lo que viven cientos de víctimas en el país: falta de garantías judiciales, instituciones débiles y una justicia politizada. Mientras el régimen presume de «cero tolerancia» hacia la violencia de género, en la práctica hay protección e indiferencia frente a agresores confesos como Alcalá Romero.
Clamor por justicia y garantías reales
Yasmin Sarmiento, madre de Crisbelis, actualmente recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico. No solo por el impacto del asesinato de su hija, sino también por la zozobra que representa la posibilidad de que el asesino quede en libertad por negligencia institucional.
El abogado confirmó que en los próximos días solicitará medidas adicionales para evitar cualquier intento de fuga y exigir transparencia en la actuación del penal de Puente Ayala.
“Ella no solo debe cargar con el dolor de perder a su hija en manos de un monstruo, sino también con el miedo diario de que ese sujeto no cumpla la condena. Es inhumano”, concluyó Santoyo.
Este caso, que ya representa uno de los femicidios más impactantes del oriente venezolano, revela la falta de control y justicia efectiva dentro de los centros penitenciarios del país. Una situación que expone a las víctimas y sus familias a revivir el dolor, mientras los criminales gozan de privilegios y protección en la sombra.
Con información de El Cooperante
