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El periodista venezolano Gustavo Azócar rompió el silencio la noche del domingo 6 de abril, confirmando que se encuentra fuera del país tras una orden de detención emitida por el Tribunal Penal 9° de Control del estado Táchira. Azócar, crítico del régimen de Nicolás Maduro, afirmó que la decisión de abandonar Venezuela responde a una nueva arremetida judicial con motivaciones políticas.
«Decidí salir del país porque hay una orden de aprehensión que solo busca encarcelarme por delitos que jamás he cometido», escribió el comunicador a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).
El régimen chavista emitió la orden de captura no solo contra Azócar, sino también contra el activista Gustavo Lainette, señalándolos por presunta participación en los delitos de Extorsión Agravada, Incitación al Odio, Revelación Indebida de Información Personal y Asociación Agravada. Según expertos legales, estos cargos suelen usarse como herramientas represivas para silenciar voces disidentes.
Una persecución con historia
Azócar no es ajeno a los ataques del oficialismo. Desde el año 2000 ha sido objeto de diversos procesos judiciales impulsados por el régimen, que lo ha señalado reiteradamente por su postura crítica frente al chavismo. A pesar de ello, el periodista ha enfrentado todos los casos en tribunales, lo que hace más notorio el carácter arbitrario de esta nueva orden de captura.
«Esta nueva patraña no será diferente. Mis abogados solicitarán copia del expediente para ejercer mi defensa», aseguró Azócar en su declaración pública.
En su mensaje, también fue enfático al señalar que su salida del país no es definitiva. Regresará, aseguró, cuando existan condiciones mínimas de respeto a los derechos constitucionales y garantías judiciales, algo que hoy, según él, no está garantizado en Venezuela.
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Un régimen que criminaliza la disidencia
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han alertado repetidamente sobre el uso de la justicia como arma política en Venezuela. Las acusaciones sin pruebas, los juicios sin garantías procesales y la represión a periodistas y activistas han sido constantes durante el mandato de Maduro.
Según el más reciente informe de Transparencia Venezuela, los tribunales penales del país operan bajo una línea de obediencia absoluta al poder político, y los casos con connotación política suelen tener veredictos anticipados dictados desde Miraflores.
El caso de Azócar se suma a una larga lista de periodistas y comunicadores que han sido perseguidos, censurados o forzados al exilio. En los últimos años, el éxodo de trabajadores de la prensa ha aumentado considerablemente, en medio de un contexto donde la libertad de expresión es cada vez más restringida y la censura se ejerce incluso en medios digitales.
Además, el régimen ha adoptado nuevas tácticas para intimidar a críticos en redes sociales, vigilando publicaciones, persiguiendo opiniones y creando perfiles falsos para difundir desinformación.
Una estrategia de represión selectiva
Analistas consideran que el régimen ha refinado sus métodos de represión. Ya no solo encarcela líderes visibles, sino que hostiga a periodistas independientes, académicos, activistas y hasta ciudadanos comunes que se expresan en redes sociales.
El uso arbitrario de leyes como la “Ley Contra el Odio” —aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente en 2017— ha sido clave en esta nueva modalidad de persecución política. Las acusaciones de incitación al odio suelen usarse para justificar arrestos sin fundamento y procesos judiciales amañados.
Azócar: voz incómoda para el poder
Gustavo Azócar ha sido un fuerte crítico de las políticas del chavismo y, especialmente, del colapso institucional del país. A través de su labor periodística, ha documentado casos de corrupción, represión y violaciones a los derechos humanos, lo cual lo ha convertido en un blanco constante del oficialismo.
A lo largo de su carrera, ha sido encarcelado, amenazado y vetado de numerosos medios controlados por el régimen. Sin embargo, ha mantenido una postura firme, utilizando plataformas digitales y redes sociales para continuar su labor de denuncia.
Hoy, desde el exilio, su mensaje es claro: “Seguiré denunciando, porque callar es aceptar”.
Una democracia en ruinas
El caso de Azócar pone nuevamente en evidencia el estado de deterioro del sistema judicial y democrático en Venezuela. En lugar de garantizar justicia, los tribunales actúan como instrumentos de represión al servicio del poder, y los ciudadanos críticos viven bajo una constante amenaza de encarcelamiento o exilio forzado.
La comunidad internacional ha condenado reiteradamente este tipo de acciones, aunque el régimen sigue ignorando los llamados a respetar los derechos humanos. Mientras tanto, el periodismo libre se mantiene en pie, a pesar del hostigamiento, como única herramienta de resistencia frente a la opresión.
Con información de Tal Cual
