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La historia de Ricardo Jaramillo, un joven venezolano de 25 años, ha conmocionado a las redes sociales y a organizaciones humanitarias. Su madre, Yanelis Labrador, rompió el silencio entre lágrimas tras verlo esposado en un video viralizado en TikTok, luego de haber sido deportado desde Estados Unidos y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, una megacárcel de máxima seguridad.
«Se me encalambró el cuerpo. Me quise morir al verlo así, amarrado de las manos, como un criminal. ¡No es justo!», expresó desesperada.
Según relató Labrador, su hijo no posee antecedentes penales, ni en Venezuela ni en los países donde vivió antes de llegar a Estados Unidos. “Solo tiene tatuajes, muchos, sí, pero no significan lo que quieren hacer ver. Tiene mi nombre, coronas, rosas, palabras como amor de madre… nada relacionado con el crimen”, aclaró.
De la esperanza al encierro
La travesía de Jaramillo comenzó en 2023 cuando abandonó Chile junto a su pareja, su hija de seis años, su hermana y una sobrina, buscando oportunidades laborales en Norteamérica. Tras cruzar la peligrosa selva del Darién, entraron por la frontera estadounidense y se entregaron voluntariamente a las autoridades.
“No fueron a pedir limosna, fueron a trabajar. Mi hijo siempre ha trabajado”, dijo Labrador. Una vez liberado tras tres semanas de retención, se establecieron primero en Texas y luego en Chicago, donde Ricardo trabajó en construcción, fábricas y como repartidor de comida.
Sin embargo, todo cambió el 15 de enero de 2025, justo antes de que Donald Trump asumiera nuevamente la presidencia. Ricardo sufrió un leve accidente vehicular saliendo del trabajo. La camioneta que conducía no tenía seguro. Asustado, se retiró del lugar. Minutos después, la policía llegó a su casa, lo detuvo y llamó a migración.
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¿Pruebas o prejuicios?
De acuerdo con su madre, la persona afectada por el accidente no presentó cargos, y su hijo quedó absuelto por la corte. A pesar de ello, el 12 de marzo le notificaron que sería deportado, sin considerar que tenía una solicitud de asilo abierta con audiencia fijada para 2028.
Pero la pesadilla no acabó ahí. Antes de ser trasladado a El Salvador, fue enviado a la base militar de Guantánamo, en Cuba, un lugar reservado para presuntos terroristas. La familia supo de esto porque Ricardo logró llamar a su pareja desde allí, sin comprender las razones de su reclusión en un sitio tan extremo.
“¿Qué hace mi hijo en Guantánamo si no ha cometido delito alguno?”, cuestiona con impotencia Labrador.
Finalmente, Ricardo fue incluido entre los siete venezolanos deportados directamente al CECOT, una prisión diseñada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para contener a miembros de bandas criminales como el Tren de Aragua. Sin embargo, ni las autoridades estadounidenses ni salvadoreñas han presentado pruebas de su supuesta vinculación con dicha organización.
Tatuajes como condena
Numerosas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han advertido que estos acuerdos bilaterales podrían abrir las puertas a una nueva forma de criminalización por apariencia, donde tatuajes, procedencia o estereotipos sustituyen a las pruebas.
«Yo hablo por mi hijo, pero también por otras madres. Si sus hijos hicieron algo, que paguen en su país, con debido proceso. Pero en esa cárcel, no sabemos si están vivos o muertos», denunció Labrador.
La madre de Ricardo, licenciada en enfermería y residente actual del estado Zulia, regresó a Venezuela hace ocho meses por complicaciones de salud. Desde entonces, no ha cesado en su lucha: reunirá todos los documentos que prueban la inocencia de su hijo y viajará a Caracas para exigir justicia, incluso si debe arrastrarse con sus propias manos.
“Voy a hablar con quien sea, con Jorge Rodríguez o con quien me escuche. No me voy a rendir”, afirmó entre sollozos.
Un sistema migratorio bajo la lupa
Este caso pone en evidencia el peligroso precedente que podrían sentar los acuerdos de deportación directa entre Estados Unidos y El Salvador, que estarían violando principios fundamentales del debido proceso y el derecho al asilo.
Aunque el régimen chavista guarda silencio, la sociedad civil se mantiene alerta. La realidad de Ricardo podría estar siendo replicada en decenas de migrantes deportados sin juicio justo, sin defensa y sin delito comprobado.
Las críticas crecen dentro y fuera del continente. Voces de abogados, defensores de derechos humanos y hasta miembros del Congreso estadounidense han señalado que la política migratoria actual —amparada por acuerdos secretos— está atropellando derechos humanos fundamentales y sirviendo de excusa para deshacerse de migrantes incómodos o estigmatizados.
El silencio de las instituciones
Hasta la fecha, ni el régimen venezolano ni la embajada de Venezuela en El Salvador han emitido pronunciamientos oficiales. Tampoco se han dado respuestas sobre el paradero exacto de los migrantes trasladados al CECOT. Las familias continúan en vilo, sin contacto, sin noticias y sin respuestas.
La historia de Ricardo Jaramillo, lejos de ser un caso aislado, representa la creciente vulnerabilidad del migrante venezolano en un contexto de políticas represivas y racismo institucionalizado.
Con información de Tal Cual
