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Santiago de Chile. El gobierno chileno, encabezado por la ministra del Interior Carolina Tohá, ha anunciado que presentará una solicitud formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Esta decisión refleja el compromiso de Chile con la justicia y los derechos humanos, al buscar esclarecer un crimen que ha tensado las relaciones diplomáticas con Venezuela.
Un paso crucial hacia la justicia internacional
Tohá confirmó que la presentación ante la CPI, con sede en La Haya, Países Bajos, se realizará antes de que finalice la investigación interna. “No vamos a esperar a que se cierre el proceso judicial para entregar los antecedentes disponibles”, afirmó la ministra en una entrevista con el canal local 24 Horas. Esta medida busca que la Corte Penal Internacional tenga acceso a la información preliminar que podría vincular a altos mandos del gobierno venezolano con el homicidio.
Ronald Ojeda, un disidente del régimen de Nicolás Maduro y asilado político en Chile desde 2023, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por individuos disfrazados de policías chilenos. Su cuerpo fue hallado diez días después, sepultado bajo un bloque de cemento en las afueras de Santiago.
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Acusaciones contra el gobierno venezolano
El Ministerio Público de Chile y el gobierno de Gabriel Boric han sostenido desde el inicio de las pesquisas que existen indicios de participación venezolana en el crimen. Un testigo clave señaló a Diosdado Cabello, actual ministro del Interior de Venezuela y mano derecha de Nicolás Maduro, como el responsable de ordenar y financiar el asesinato.
Además, la familia de Ojeda ha solicitado investigar si las autoridades chilenas compartieron información sobre su paradero con las venezolanas, en virtud de un acuerdo de cooperación bilateral firmado semanas antes del homicidio.
Detenciones y avances en la investigación
Hasta la fecha, varios integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, de origen venezolano, han sido arrestados en Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. Sin embargo, los autores intelectuales y el monto pagado por el crimen siguen siendo un misterio.
En palabras de Tohá: “No daremos por cerrado este caso ni levantaremos las obligaciones internacionales de Venezuela. Existen tratados, la Interpol y mecanismos que seguiremos utilizando para exigir justicia”.
Con información de: 24 Horas | Corte Penal Internacional
