Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 6 segundos
Una reciente investigación revela que solo el 11,6% de los migrantes venezolanos ha logrado obtener la visa especial de visitante para permanecer legalmente en Colombia. La medida, vigente desde diciembre de 2024, ha resultado ser una trampa burocrática que ha dejado a la mayoría de los solicitantes en la irregularidad.
La política migratoria del régimen de Gustavo Petro ha restringido significativamente las vías de acceso legal para los venezolanos, desmontando mecanismos efectivos implementados por administraciones anteriores, que ofrecían estrategias más humanitarias y seguras.
El portal colombiano Semana informó que desde que se implementó esta nueva regulación, miles de solicitudes han sido rechazadas o dejadas sin respuesta, sin que la Cancillería haya publicado cifras oficiales de las visas negadas. Esta situación ha sumido a una gran parte de los migrantes en un limbo legal, sin acceso a derechos ni oportunidades laborales.
Documentos imposibles y trabas innecesarias
Los requisitos para acceder a esta visa son cada vez más rigurosos y difíciles de cumplir. Entre los documentos exigidos están:
- Certificados de ingresos
- Títulos académicos apostillados
- Historial migratorio completo
- Declaraciones de convivencia
- Carta de respaldo económico
Muchos migrantes no cuentan con estos documentos, ya sea por su condición de desplazamiento o por la imposibilidad de tramitarlos desde Venezuela, donde los servicios públicos están colapsados y el acceso a trámites oficiales es limitado.
Quizás le pueda interesar esta otra noticia:
👉 Régimen de Maduro revoca ciudadanía a Daniel Elbittar por denunciar abusos
Invisibilidad y vulnerabilidad para millones
Según el abogado César González, de la ONG Plan País, esta situación pone en riesgo no solo la integración laboral de los migrantes, sino también su acceso a salud, educación y protección contra la explotación. “Aún hay entre 1,2 y 1,5 millones de venezolanos en situación irregular en Colombia, muchos de los cuales no están ni siquiera registrados”, explicó.
Esta política restrictiva contrasta con el compromiso que había asumido Colombia en años anteriores como país receptor y garante de los derechos humanos de los migrantes. Bajo el régimen actual, el enfoque ha cambiado hacia la limitación y exclusión.
Peticiones y denuncias internacionales
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han levantado alertas sobre el nuevo enfoque migratorio colombiano. Alegan que la falta de un mecanismo transparente y accesible para los migrantes venezolanos vulnera tratados internacionales y expone a millones a abusos y discriminación.
En un contexto donde Venezuela sigue siendo escenario de crisis política, social y económica, los migrantes que buscan refugio en Colombia se enfrentan a nuevos muros administrativos y condiciones casi imposibles de cumplir. La esperanza de regularizar su situación se reduce cada día más.
Desplazamiento político y huida de activistas
La oleada migratoria post-electoral que se registró en Venezuela tras los comicios de 2024 ha traído consigo a figuras de oposición, defensores de derechos humanos y activistas perseguidos. Muchos de ellos esperaban encontrar protección en Colombia, pero se han encontrado con una muralla burocrática.
Sin una vía expedita para legalizarse, corren el riesgo de ser deportados o de caer en redes de explotación laboral y tráfico de personas. Diversas ONG han denunciado que Colombia está incumpliendo con sus obligaciones internacionales al no garantizar mecanismos de regularización viables.
El impacto económico de la exclusión
La no regularización también tiene consecuencias para la economía colombiana. Miles de trabajadores venezolanos están fuera del sistema formal, lo que implica menos contribuciones fiscales y mayor vulnerabilidad social. Según estudios recientes, si se lograra integrar a la población migrante al mercado laboral formal, el PIB podría aumentar en al menos un 1,5%.
Pero mientras el régimen de Petro insista en una política migratoria excluyente, Colombia estará desperdiciando talento, fuerza laboral y capital humano.
Con información de: El Nacional
